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a prop de Santander, Cantabria (España)

Las obras de la Senda Costera de Santander, entre el faro de Cabo Mayor y la ermita de la Virgen del Mar, incumplieron buena parte de las directrices medioambientales del Gobierno de Cantabria, en cuestiones como la pérdida de visibilidad al mar, con el levantamiento de empalizadas, el uso de firme artificial en el camino y actuaciones en afloramientos calizos como el del Panteón del Inglés.

Son aspectos que el Ejecutivo regional ya está revisando y que ha puesto sobre la mesa de la Comisión Mixta, en la que ha participado por primera vez este lunes a petición expresa de la Asamblea en Defensa de la Senda Costera, el movimiento ciudadano que forzó la paralización de las obras por las actuaciones “excesivas”.

Aunque es una obra del Estado, la evaluación ambiental es una competencia de la comunidad autónoma, que plasma sus directrices en tres documentos de referencia para la Senda Costera: el Plan Especial de Sendas (2010), el Plan de Ordenación del Litoral (2004) y el informe de respuesta a la Demarcación de Costas sobre el estudio de alternativas al proyecto (2003).

Entre los incumplimientos de las directrices regionales, el informe de 2003 proponía “no emplear firme artificial de ningún tipo en las senda proyectada” para mantener la ruta entre Cabo Mayor y la Virgen del Mar “con el terreno natural que ahora presenta”, empleando como mucho “firme tipo gravilla” en las zonas inundables.

Otro punto polémico de las obras han sido los destrozos causados durante la ejecución en los afloramientos calizos, en entornos como el del Panteón del Inglés, frente a las recomendaciones del Gobierno, que planteaba “no realizar ningún tipo de actuación sobre los mismos” para proteger la “singularidad paisajística”.

El informe, que emitió el servicio de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y al que ha tenido acceso este periódico, advertía que las “estructuras de seguridad” que se seleccionaran en zonas de “proximidad al acantilado” debían “limitar lo menos posible la perspectiva visual”, un criterio que debía regir también en los “cerramientos de las fincas colindantes”.

El informe está redactado antes de la caída del Puente del Diablo como consecuencia de la erosión. Sin embargo ya se advertía del “estado de deterioro”, que se achacaba a un “uso incorrecto”, así como del riesgo de derrumbe de la plataforma superior, como finalmente sucedió.

En ese “Punto de Interés Geológico”, el Gobierno indicaba “extremar” medidas de seguridad referentes a firmes y cerramientos, para evitar cualquier tipo de afección y al mismo tiempo garantizar la conservación y mejora del entorno. Asimismo, consideraba “no adecuado” el mirador proyectado por “impacto paisajístico” del “vuelo sobre el conducto kárstico”.

Por último, el informe recomendaba traviesas de madera en vez de escaleras artificiales en zonas de pendientes pronunciadas, y aconsejaba limitar las pasarelas de madera a las “estrictamente necesarias para garantizar el tránsito peatonal”, con materiales que garantizaran la “integración paisajística”.

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